En reiteradas ocasiones, se ha dicho que Chile, avanza como país, al respetar valores como tolerancia, libre examen, y que al mismo iempo, hemos progresado en la apertura y la democratización de los derechos civiles. En reiteradas ocasiones.
Un grupo de parlamentarios de la Unión Democrática Independiente, amparados por el Abogado moralista Jorge Reyes - muchos de ellos miembros del Opus Dei o Legionarios de Cristo - habían puesto un requerimiento legal, para prohibir el Levonorgestel, la "T" de Cobre, y otras píldoras anticonceptivas. Fue el inicio de una ofensiva, que representaba a una parte de la elite conservadora y moralista, por imponer a todo el país, una concepción reestrictiva, instructiva, y limitadora de la vida privada de todos los chilenos.
El Tribunal Constitucional, representación legal del conservadurismo legalista de nuestro país, habría resuelto acoger en un fallo apretadísimo, prohibir la "píldora del día después" y los otros dos sistemas.
El asunto es claro y tajante. La elite conservadora de nuestro país, ha impuesto el amparo del Estado, para que la moral se meta en las camas y sábanas de cada uno de chilenas y chilenos. Lo más grave, es que se pasa a una tiranía de la razón moral, al extirpar los derechos reproductivos de las mujeres de nuestro país. Esta medida significa, retroceder en políticas de salud pública, es decir, nuestro país se volverá más sucio, restrictivo, y por ende, mortuorio. Las cifras, hablan que después de esto, habrán 150.000 nacimientos extras al año, los abortos clandestinos serán 275 mil, mientras que las hospitalizaciones por este hecho, llegarán a 58 mil. Hay más posibilidades de que mujeres mueran, es así de simple. La mortalidad materna subirá a cinco veces.
La carga nacional, en gastos generales, por este hecho, será mayor, que la entrega de métodos anticonceptivos y dispositivos intrauterinos, de forma gratuita, libre, y extendida a mujeres entre 15 y 49 años.
Acá se juegan cuestiones éticas y económicas. Éticas, porque nuestra sociedad, abre un paso a la irresponsabilidad con las mujeres, que tienen un derecho innalienable, que es el de decidir libremente en el uso de su cuerpo, de su útero y sus placeres. Económicas, porque en definitiva, significa más gastos para el Estado, y para la ciudadanía.
El derecho a decidir, es independiente de las diferencias socioeconómicas y religiosas, siendo parte de un pilar fundamental para el libre examen y la conformación de una cultura laica. Por esto, es que la ciudadanía debe movilizarse para defender políticas públicas extensivas, para un control de natalidad que genere autonomía femenina, por sobre las visiones morales de grupos elitarios.
Acá está en juego la vida o la muerte. La vida o la muerte, de mujeres, que tienen derecho a soñar, construir, y sobretodo de luchar por ello.
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