por Alberto Cecereu
Me imagino la cara del funcionario municipal. Las imágenes que veía, los textos que leía, para su moral personal le provocaron sin lugar a dudas una sensación semejante a la vergüenza ajena y la parálisis.
En la discusión de la famosilla Enciclopedia del Sexo y sus repercusiones a los inocentes niños y jóvenes de nuestro país hay dos tópicos que trataré de analizar a continuación. La moral pública en contraste con la moral individual, y la existencia o no de un programa integral y universal de educación sexual en Chile.
El poder estatal tiene competencias limitadas y restringidas a los ámbitos constitucionales, por ende, si somos objetivos, el Estado no debe tener opinión moral sobre las prácticas individuales de los sujetos, sino que una actitud neutral y focalizada a lo referido en las normas, leyes y carta magna. No obstante, como siempre sucede, el Gobierno, es decir la elite política que administra y gerencia el Estado por un determinado tiempo, tiene todo el derecho a realizar juicios en pos del bien común, en torno a sus particulares ideas sobre el ser humano, la sociedad y su funcionamiento. Además, un gobierno que fue elegido por un sistema democrático de representatividad fue claro al argumentar su posición moral ante los problemas humanos, en diversos medios, formas y herramientas. Decir que no sabíamos, es pecar de absolutos ignorantes, al filo de la estupidez ciudadana.
Empero, el tema se vuelve un problema, cuando tratamos de universalizar una visión particular del mundo, en este caso la sexualidad, a toda la población, contraviniendo gravemente el principio de libertad e independencia de cada sujeto humano. La elite gobernante no debe permitirse que su particular moral personal convierta al gobierno público en un baluarte de una moral que pertenece a una porción de la población, es decir que se vuelva una moral pública.
El concepto de Libertad, implica un sesgo ignoto de lo que realiza el otro, cubriendo mis actos en un velo de igualdad ante los actos del otro, de ahí que el Estado debe propender que el ciudadano se informe de cómo el otro vive y se desenvuelve. De acá afirmo, que el Estado no tiene competencia sobre actos que son personales, cómo es la sexualidad. Si un ciudadano opta por una sexualidad promiscua o en el otro extremo, la abstinencia y la castidad, o si un matrimonio opta por no controlar la natalidad u otro sí, es competencia de la moral personal, de la morada particular de cada hogar. El Estado no tiene la capacidad de ingresar a mis sábanas ni para decirme que tome la pastilla del día después ni tampoco para que no lo tome.
De acá, ingresamos a la otra esfera. No podemos afirmar progresivamente, que el ciudadano posee una libertad de acción en la sociedad sin responsabilidades, ya que la comunidad entra en caminos de la perversión de la acción, una tolerancia pasiva y malentendida. El caso de la educación sexual es paradigmático en esta afirmación.
El Estado debe facilitar plataformas integrales de educación valórica en una ética pública y no morales particulares. Es decir, afirmar el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, al respeto por el cuerpo humano, a la libertad de opción, al amor por el prójimo, porque estos valores éticos, permitirían la confirmación de una sociedad más pacífica y armónica. Por esto mismo, es que nuestra sociedad tiene una inmensa deuda, que raya en la deficiencia empática de tantos y tantos líderes políticos. Esa deuda es la de implementar un programa integral de educación sexual a partir de los primeros ciclos de educación, entiendo como sexualidad, el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológico-afectivas, en el complejo proceso de fenómenos emocionales que van formando el carácter de cada sujeto. Porque también se equivocan ellos que dicen que la sexualidad es saber cómo utilizar un preservativo o diversas posiciones sexuales, porque atenta gravemente a la compleja red de sucesos personales que implica un acto sexual. Todo aquel que reduce la problemática en baratos enunciados morales, de uno u otra vereda, no hace otra cosa que contribuir a una sociedad cada vez más evasiva, negligente, fallida.
La sexualidad es preponderante de cómo el sujeto construye su mundo y proyecto de vida, por lo que nos obliga a exigir que el Estado tenga un rol activo de educar sobre la materia, de integrar visiones y conceptos, de forjar una ética pública que permita la formación de chilenos y chilenas sanas en su sexualidad. Que al fin y al cabo ejerzan su libertad, esa condición maravillosa de vivir en pos de una sociedad próspera.
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