Aquí publicaré parte de un Paper que escribí recientemente sobre la educación en nuestro país, enfatizando, que el tema debe girar, en un porqué de la educación y cómo debemos llevarla a cabo, en el entendimiento que debemos tener un proyecto de país.
El consejo asesor para una educación de calidad, de nuestra Presidenta, ha sido un hecho favorable para la discusión de los temas coyunturales, y en gran medida es un esfuerzo para aunar propósitos. Como ciudadano libre, y no integrante de aquella Comisión, he querido publicar extractos de este paper, a manera de un aporte a la sociedad.
La educación agotada
No es novedad que la educación en nuestro país, vive en un período de profunda crisis estructural e incluso, me atrevería a aceptar el término de espiritual. De forma superflua podríamos enumerar el déficit físico que viven escuelas y liceos, o las condiciones bárbaras para la realización pedagógica que se ven dilatados un millar de profesores, o el hambre con el cual van y salen miles de chicos durante la jornada escolar. Esto es cuantificación. Cuantificación fría sociológica, y de más está decir, usada por Gobierno y empresas. No obstante la verdadera razón de la educación es la cualificación. He aquí por tanto la raigambre natural de cualquier régimen educativo. Es decir, como los sistemas de relaciones curriculares aumentan las habilidades y potencialidades de los educandos.
Creo necesario primero que todo, que se realice una discusión sobre las maneras sistemáticas de la educación en Chile, para qué se quiere, de qué forma, y en qué plazos se busca realizar. En otras palabras, la dicotomía, de sí educamos para la sociedad, o el educando se vuelve agente de cambio por la sociedad.
Pero terminemos esta digresión para volver a lo coyuntural, tan de nuestra cultura. La educación es igual a crisis. Y esto se debe por tres aspectos fundamentales: primero la falta de una base teórica debatida en la sociedad chilena post-dictadura sobre la educación, segundo, la carencia de una marco legal acorde a los tiempos democráticos y plurales de nuestra sociedad, y tercero, la falta de compromiso del Estado como garante de los derechos ciudadanos y de su consecuente calidad educacional.
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
Sistemáticamente la dictadura militar presidida por el General Pinochet, se esforzó por cambiar la estructura social, para hacerla funcional a los intereses creados durante más de 17 años de poder. El sistema político resguardado, la democracia encubierta, una libertad de prensa no garantizada, la influencia de los poderes fácticos acrecentados (hablo de los magnates empresarios y sus alianzas con sectas ultra conservadoras de la Iglesia), la privatización del gran grueso de las empresas estatales (una pérdida al Estado de 570 mil millones de pesos hasta la fecha)[1], y la herencia de una ley promulgada el día antes de la asunción del Presidente Aylwin, que reglamentaba el nuevo modelo educacional.
Conciente el régimen, que la educación era un aparato de hegemonización de los discursos socio políticos, y a su vez de disciplinamiento de las prácticas funcionales a los mecanismos productivos, fue transformada en su forma, de una manera tal, que la conceptualización de las relaciones interpersonales dentro del aula y en paralelismo con las otras realidades educativas, acrecentaba las prácticas individualistas, competitivas, desorganización antidemocrática, prácticas intolerantes sobre el “otro”, en total alineación con el modelo económico neoliberal.
Modelo por cierto, que confía en la fuerza del capital acumulado en su juego monopolizador en el mercado, y desarticula la sociedad civil en cuanto se robotiza con la rueda del trabajo. La teoría neoliberal, preconiza la desigualdad como dicotomía del dinamismo necesario del flujo de capitales, y desentraña la democracia como mecanismo de los poderosos en su intentona legitimante, pasando a llamarse democracia de mercado. Asimismo, al Estado solo le cabe el mantenimiento del orden interno y la seguridad nacional.
A partir de esto podemos realizar una análisis somero sobre la ley citada.
En su artículo segundo, se desprende la renuncia del Estado sobre el financiamiento de la educación, y de su rol educador, como asimismo de garante de calidad según parámetros, igualmente, inexistentes.
Siguiendo con la misma línea, la regla, deja la libertad de enseñanza supedita a los caprichos de ciudadanos que sólo hayan cursado cuarto medio, sin exigir conocimiento metodológicos de enseñanza, ni parámetros de administración educacional funcional a los derechos ciudadanos. El Estado en este aspecto, se excluye de una ética formadora.
Con respecto a lo anterior, podríamos hacer una analogía con la libertad de empresa, según el Art. 19 N° 21 de la Constitución Política, por lo que el Estado reconocería implícitamente las entidades educacionales como empresas educacionales de carácter privado, que se sujetan a las limitaciones de pleno ejercicio (orden público, orden moral, seguridad nacional). Entendiéndolo de esta manera, la entidad educacional sigue regida por las leyes móviles del mercado, lo que éticamente nos parece malvado y pobre en su fin social.
Una libertad de enseñanza exacerbada, provoca una competencia desigual y una división crítica en la calidad de la educación. La municipalización de la educación en todas las áreas de la educación nacional, permite la existencia de verdaderos vacíos fiscalizadores de parte del estado referente a calidad, y un vacilante manejo de recursos, y por último, una atomización cruda de las realidades sociales del territorio.
La escuela se convierte hoy en día en la reproductora de las desigualdades sociales existentes. La escuela municipal recrea a una clase trabajadora pobre, por otro lado la particular subvencionada a un segmento profesional de sumo endeudada, mientras que los colegios privados, a una elite que mantiene su riqueza.
Los universitarios de Chile, exigimos en consonancia con estas disyuntivas legales, la derogación de dos de sus artículos más polémicos, por lo autoritario que son por natura. El artículo 45 y 84 imprime en las instituciones educativas un sistema autoritario de enseñanza, que no va acorde a nuestros tiempos, y que va en directa relación con la explosión legítima de los secundarios organizados en las demandas que protegen. Basta con citar parte de su normativa: “La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas”[2] Con esto, se da cuenta, del término de la democracia en instituciones de educación superior.
Propuestas a comienzo de milenio
Hace días, que los estudiantes de liceos públicos nos han dado una paliza de emprendimiento social. Como ningunos, han sabido organizarse en torno a una lucha, y mediante prácticas democráticas sus manifestaciones han sido generalmente pacíficas. Han sido asertivos y sensatos.
Empero, existe el riesgo de entrar en sueño, y de aletargarse a medio camino. Ese peligro está sobretodo en base a la ideologización del problema crítico que es la educación, en un enamoramiento a muerte por el modelo de la municipalización y subvenciones, que puede que los actores políticos solo den recetas o reformas de ajustes. El cambio debe ser revolucionario, o para ser aún más políticamente correcto, el cambio debe ser mucho más radical.
Seamos realistas e igual de sensatos. La magnitud actual del universo estudiantil, hace imposible que el Estado vuelva a educar en el mismo mecanismo que prosperó desde el siglo XIX hasta los 70. Pero por otro lado, la municipalización fracasó enormemente, y el sistema de subvenciones fue la creadora en los 90, de una clase de sostenedores enriquecidos a costa de la calidad.
También es clarificador, que el Estado debe invertir unas diez veces más por alumno, para acortar la brecha desigual con los privados, y también una mayor fiscalización del Estado en su administración.
Si hoy en día, los procesos democráticos tenderían a la descentralización del territorio, en lo cual la elección de las autoridades regionales debe ser un paso a seguir adelante, y en el cual las redes ciudadanas que se van conformando, son fundantes de una realidad pública más enriquecedora y participativa, la educación debe tender a esos parámetros constituyentes.
Dentro de la conformación de una mesa de trabajo conjunta con todos los actores sociales, que piensen en el diseño de una nueva ley orgánica, y las consiguientes reformas a la Constitución política de la República, el debate debe girar en la fundación de un Estado Docente descentralizado y profundamente democrático, en la cual la responsabilidad ante la calidad por la administración educacional recaiga en autoridades regionales articuladas en la base de las redes de estudiantes, profesores, y padres – apoderados, en conjunto con un sistema de fiscalización técnica de los dineros entregados con carácter nacional. La calidad estaría en torno a la participación real de las comunidades locales, y la sociedad civil completa, y aunaría los criterios sobre las necesidades regionales existentes que van confluyendo. De esta misma forma, el rol del Estado, sería de profunda docencia con respecto a la formación de los profesores en las aulas universitarias, y se encargaría claramente de su perfeccionamiento asistido y subvencionado, como de las verdaderas mejoras remunerativas que implica.
[1] Se estima que con ese dinero, se hubiese podido financiar gran parte o la totalidad de los déficit educacionales con respecto a infraestructura, materiales, y remuneración a profesores.
